El ingeniero agrónomo apuntó que la causa en su contra responde solo al cargo de su hijo, presidente de la UDI.
Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, reiteró su inocencia en el caso por abuso sexual a menores que enfrenta, asegurando que es víctima de una persecución política en su contra.
El ingeniero agrónomo concurrió a una audiencia de preparación del juicio oral, donde escuchó las acusaciones presentadas por el Ministerio Público respecto al abuso sexual de cuatro menores, tras lo cual leyó una declaración pública.
Macaya explicó que no habló antes para no afectar a las eventuales víctimas, a quienes calificó como “las personas que más quiero, y que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”.
“Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido”, expresó el padre del timonel UDI.
Eduardo Macaya acusa sesgo político
Eduardo Macaya cuestionó que la Fiscalía, que solicita una pena de 12 años de cárcel, no ha pedido su declaración, “menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos, como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron a la denuncia”.
Según el individuo, el sesgo político en su contra se ha visto “a lo largo de toda la investigación, no sólo por parte del Ministerio Público, sino también por parte de personas que se escudan en el anonimato de las redes sociales y dicen proteger a los niños, pero que día a día los exponen al escrutinio público y propenden y favorecen la victimización. Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.
Tras estar en prisión preventiva por un mes, consiguió su libertad tras pagar una caución de 150 millones de pesos.