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Ministra Antonia Orellana en el Día de la Mujer: “Cuando la violencia contra las mujeres retrocede, el país avanza”

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ministra analizó junto a EL DÍNAMO cómo han sido estos dos años encabezando el ministerio y cuáles son los desafíos pendientes en materia de derechos de las mujeres.

Justo en la previa a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, y tras siete años de tramitación, el Congreso Nacional despachó la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que busca prevenir, sancionar y erradicar las agresiones contra toda mujer en razón de su género.

Para esto, regulará mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, tomando en cuenta las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples.

Durante las diez primeras semanas de 2024 se han registrado ocho femicidios, mientras que en 2023 se alcanzó una cifra récord de femicidios frustrados en nuestro país.

Consultada por EL DÍNAMO sobre por qué en Chile ha sido tan difícil erradicar la violencia machista, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, no duda en identificar las causas estructurales de la violencia.

“La violencia contra las mujeres está enraizada porque forma parte de la estructura social; a eso nos referimos cuando decimos que la violencia de género es estructural”, asegura.

“Por poner un ejemplo: hasta hace poco a nadie parecía importarle la cantidad de pensiones de alimentos que no se pagan en nuestro país, ni tampoco se reconocía ese abandono parental como una expresión más de la violencia económica que viven miles de madres y también sus hijas e hijos. Esta es una realidad que por año ha precarizado hogares a vista y paciencia de toda la sociedad, ¿no?, porque todas las personas hemos conocido de alguien a quien le deben la pensión. Y así ocurre con las demás formas de violencia: la psicológica, la sexual y todo lo que tiene que ver con el consentimiento, la laboral, la física”, agregó la autoridad.

“Desde que asumimos el Gobierno, nuestra consigna ha sido avanzar y no retroceder; por supuesto, poniendo foco en las necesidades, urgencias y prioridades de las mujeres. Así lo hemos señalado incluso en los distintos foros internacionales donde el Ministerio del Mujer ha tenido incidencia frente al avance de algunos retrocesos que hemos presenciado en la región“, detalló.



“Como dijo Simone de Beauvoir: bastará una crisis para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y por esto debemos mantenernos alertas, no solo en materia de derechos sexuales y reproductivos sino que en toda la agenda de género”, afirmó.

Dos años de Gobierno: de la calle al ministerio

Antonia Orellana Guarello, militante de Convergencia Social, llegó a ocupar el cargo ministerial en el Gobierno de Gabriel Boric con 32 años, trayendo consigo una trayectoria en organizaciones relacionadas con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Respecto al trabajo en estos dos años, la ministra de la Mujer subraya como uno de los mayores desafíos que ha enfrentado las dificultades heredadas de la pandemia, tales como el importante retroceso en la participación laboral de las mujeres, modernizar y expandir el acceso a atención y justicia en casos de violencia de género y modificar las leyes necesarias para que el país esté a la altura de lo que han avanzado las mujeres y la sociedad. Por esto, considera que “hemos conseguido llevar adelante políticas públicas importantes para las mujeres”.

Entre estas últimas, Orellana destacó el sistema de pago de deudas de pensiones de alimentos, con el Registro Nacional de Deudores y el mecanismo de pago efectivo de la ley de responsabilidad parental, que ha permitido el pago de más de 162 mil millones de pesos a través de las cuentas de AFP, llevando alivio a más de 50 mil familias.

Asimismo, la ministra subrayó las leyes en las que han trabajado colaborativamente con el Ministerio del Trabajo, tales como la Ley de las 40 horas y de conciliación de la vida familiar y personal, “porque fomentan la corresponsabilidad familiar y social de los cuidados, que son una de las principales barreras para la inserción y permanencia de las mujeres en el mercado laboral formal”.

“Cuando estás a cargo de instituciones del Estado, la ciudadanía evalúa tu trabajo y hace un juicio de este según cómo hayas impactado su vida. Lo importante son los resultados y cómo avanzamos en el trabajo diario, que en mi caso es tratar de mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas a través de soluciones a sus problemas y respuestas a sus necesidades”, agregó en relación a si la trayectoria en organizaciones sociales fue una ventaja o no al momento de llegar al Ministerio de la Mujer.

En ese contexto y en relación a cómo es la actual relación entre el ministerio y las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos de las mujeres, Orellana enfatizó que “como ministerio hemos venido trabajando con las organizaciones desde el 2022, y nunca ha sido diferente”.



Mantenemos un diálogo periódico con ellas (las organizaciones) e incluso les consultamos su opinión respecto a acciones importantes, como el diseño de las dos últimas campañas nacionales de prevención de la violencia de género contra las mujeres o el rediseño de los planes de igualdad y de violencia de la institución, siempre desde el reconocimiento de su autonomía, porque finalmente todas esas organizaciones son autónomas y como ministerio respetamos y valoramos esa independencia, incluso cuando puedan ser críticas, porque en esa crítica mejoramos o intentamos mejorar nuestra gestión”, comentó.

Lo que falta y las que faltan

¿Qué está fallando en la concientización o prevención que no permite que no se produzcan más femicidios en Chile?

—Lo que hemos observado es que, desde la implementación de la Ley Gabriela, el Estado está contando mejor estos delitos. Hasta antes de 2020, lo que hoy calificamos como femicidio frustrado era catalogado como delito de lesiones graves, por ejemplo, y eso ha hecho que en los últimos años veamos un aumento constante de estos números. Y esto, aunque no le quita gravedad al asunto, es igualmente un avance, porque estamos reconociendo agresiones y violencias que antes no eran observadas como un asunto de género, ni siquiera como algo que ameritara atención pública porque eran asuntos de parejas. Ahora, eso no es suficiente y por eso hemos insistido en una agenda legislativa que no solo extiende la comprensión de la violencia de género, como la Ley Antonia y el reconocimiento del suicidio femicida, sino también la responsabilidad del Estado frente a este tipo de violencia, como hicimos a través de la Ley de Reparación a víctimas y familiares de femicidios. Y junto con esa agenda legislativa, los últimos dos años hemos aumentado el presupuesto destinado a la línea de atención en violencia de Sernameg y priorizado el compromiso del presidente Boric de contar de un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género en cada región del país, para cubrir todo el territorio nacional y llegar a todas las mujeres que lo requieran. (…) Nuestro foco está puesto en cómo hemos avanzado en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y en nuestras prioridades para el 2024. Porque cuando la violencia contra las mujeres retrocede, el país avanza.

¿En qué condición tanto de infraestructura como de equipo humano se encuentran trabajando los equipos de apoyo a víctimas?, tales como los Centros de Atención y Reparación para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Sexual, los Centros de la Mujer, las casas de acogida y los centros de hombres a lo largo de Chile

—Cuando llegamos en 2022 comenzamos un trabajo de evaluación del funcionamiento de la oferta programática de Sernameg, y dentro de esta de la línea de atención en violencia contra las mujeres. A partir de esa evaluación lo que hicimos fue, por un lado, aumentar los recursos destinados al Sernameg y a los programas de violencia del Servicio en general y, por el otro, modernizar su línea de atención. El aumento de recursos está destinado en parte a mejorar las condiciones de los equipos humanos y también la infraestructura de los centros. Hasta marzo de 2024 contamos con seis centros. Por otro lado, el rediseño de los programas apunta a mejorar las intervenciones del Servicio y dividirlas en tres: un programa de prevención, uno de atención inicial y otro de recuperación de la autonomía para víctimas sobrevivientes de violencia de género.

¿Cuál es para usted la agenda feminista pendiente de 2024, qué falta para avanzar?

—Nuestra prioridad para este año es aprobar y comenzar a implementar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres que, entre otras cosas, permitirá mejorar la fiscalización de las medidas cautelares, a través de un mecanismo de supervisión judicial que garantice su cumplimiento, e instalar un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos que unifique los datos de las diferentes instituciones vinculadas a la atención en violencia de género y permita, de esta forma, generar alertas tempranas, facilitar la atención y derivación de casos y reducir la cantidad de veces que se consulta a las mujeres sobre los hechos de violencia que han vivido, aminorando su revictimización y haciendo que la intervención del Estado sea más eficiente y eficaz, porque sabemos que uno de los temas en los que el país está en deuda es, precisamente, disminuir la violencia que viven las mujeres.



Otra meta que tenemos como gobierno es aprobar este 2024 la ley que reforma la sociedad conyugal, permitiendo a la mujer poder contar con los mismos derechos de los hombres en la administración del patrimonio común.

Además, este año presentaremos y tramitaremos la ley que establezca los cimientos del sistema nacional de cuidados, e ir robusteciendo los instrumentos ya creados, como el Registro Nacional de Personas Cuidadoras y la credencial que les brinda acceso preferente a servicios estatales y públicos, entre ellos Correos de Chile. Seguiremos avanzando en el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de las mujeres, en sus múltiples dimensiones: derecho a una vida libre de violencias, a la autonomía económica, a la corresponsabilidad en los cuidados, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.



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