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Falta de preparación en uso de armas: las duras lecciones sobre la seguridad privada que dejó el baleo al guardia de Lo Valledor

La balacera protagonizada por la mujer en el mercado santiaguino dejó en evidencia las falencias en la tarea de los guardias de seguridad privados.

El grave incidente que protagonizó Mariana Cea este lunes en uno de los ingresos al mercado Lo Valledor, tras arrebatarle el arma a un guardia y balear a tres personas, puso de relieve nuevamente la importancia de la formación, la capacitación y el control que existe en el país en materia de seguridad privada.

La mujer de 54 años, a la que se formalizó por tres delitos de homicidio frustrado, además de amenazas y robo por sorpresa, puso en jaque el plan que había implementado el recinto y dejó en evidencia claras falencias en la labor de los encargados de resguardar a los clientes cuando se encuentran en su interior.

Para conocer la opinión de expertos en la materia, EL DÍNAMO conversó con el ex director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, y el analista y académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.

Para este último, “no cabe ninguna duda que uno de los riesgos que enfrenta el país en materia de seguridad pública consiste en la privatización de ésta. En la medida que no existen reglas del juego claras para Carabineros y su actuación operativa, evidentemente la posibilidad que se genere un proceso de privatización de la seguridad a largo plazo significa volver al estado donde quien tiene mayores recursos económicos puede garantizar niveles de seguridad que las instituciones públicas no pueden garantizar”.

“En cuanto a la formación de aquellas personas que van a portar armas, quedó claro que en el caso de Lo Valledor la persona encargada portar armas no tenía la formación suficiente como para cumplir el rol que tenía. Entonces, requiere una normativa más exigente en términos de actuación, pero también en términos de formación y capacitación”, aseguró sobre el grave incidente.

Instrucciones claras

Hugo Frühling, por su parte, planteó que si bien “de un puro caso no se pueden sacar conclusiones generales, es evidente que cuando la seguridad privada pasa a asumir el control de situaciones o lugares muy concurridos, debe contar no solo con una preparación adecuada, sino que también con instrucciones claras por parte de sus autoridades“.

“En el fondo, aquí hay una especie de evolución a empresas privadas de tareas de control que previamente eran asumidas por la autoridad pública. Por ello, estas empresas deben estar preparadas para cumplir los mismos roles y con la misma exigencia que esas autoridades“, enfatizó el actual profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

Respecto de si el caso de Lo Valledor fue solo un tema de descuido o una situación más compleja, Frühling sostuvo que “además de la situación personal de la mujer, es evidente de que hay circunstancias que rodean y que le entregan especial riesgo a la situación. Y los guardias deben estar entrenados y conocer esas circunstancias. No es suficiente con que intervengan, sino que además deben saber cuáles son los factores que están influyendo en la actuación de las personas“.



Sobre este punto, Marcelo Mella recalcó que “lo que uno puede ver claramente es que hay personas encargadas de garantizar la seguridad en un espacio privado que no tienen la formación técnica suficiente para portar armas. Entonces, tenemos un problema que puede ser bastante grave por la necesidad de garantizar la seguridad en centros comerciales y otros tipo de espacios privados con personas que no tienen la formación profesional necesaria. Creo que esa es la principal conclusión de lo ocurrido el lunes”.

Reglas para el uso de la fuerza

En ese sentido, el académico de la USACH también abordó el proyecto que se tramita en el Congreso sobre las reglas para el uso de la fuerza.

“Hay una discusión que el país debe dar respecto del uso de la fuerza tanto por instituciones públicas como por instituciones privadas. Claramente los niveles de violencia y el tipo de delitos ha cambiado la última década, y es necesario que el Congreso legisle tanto sobre las reglas de uso de la fuerza que corresponde a la instituciones de orden y seguridad públicas, como la capacidad subsidiaria que podrían tener también las instituciones privadas de seguridad de colaborar con esto”.

En cuanto a la facilidad con la que la mujer extrajo el arma de la cartuchera del guardia, Hugo Frühling aseveró que “el tema de la seguridad del arma debería estar protocolizado. Ese guardia tiene autorización especial para portar un arma, que no le corresponde a cualquier privado que anda por la calle. En consecuencia, debe asumir la responsabilidad, porque de no hacerlo pone en peligro a la gente que está cercana, como efectivamente ocurrió“.

Sobre el cuestionamiento a que guardias privados porten armas letales, Mella manifestó que “si uno mira de manera muy pragmática este tema, la verdad es que no hay una evidencia muy fuerte en contra de que instituciones privadas puedan portar armas. El tema es si las personas tienen la adecuada formación y si existen instancias de control y regulación posterior, frente a eventuales vulneraciones a los derechos humanos o actos de uso excesivo de la fuerza”.

Capacitación y fiscalización

Frühling, en tanto, recordó que “hay autorizaciones y obligaciones de capacitación. Las empresas de seguridad y sus guardias están sujetos a fiscalizaciones por parte de Carabineros. Ese es el momento de verificar en qué medida esas capacitaciones son suficientes o si el personal está suficientemente entrenado. Son factores que requieren una mirada más allá de lo que diga la ley”.

Finalmente, y ante el hecho de que en el país hay en promedio cuatro guardias privados por cada carabinero, Marcelo Mella admite que se hace necesaria una mejor preparación y fiscalización de los primeros.

“Pero yo diría que lo más urgente es fortalecer Carabineros. Me parece que la cantidad de empresas privadas que desempeñan labores vinculadas a la seguridad de espacios privados tiene que ver con una debilidad institucional de Carabineros en materia de seguridad y orden público que no es nueva, que lleva por lo menos una década o más”, concluyó.



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