El templo patrimonial fue saqueado en noviembre de 2019 y un año después fue afectado por un incendio que lo destruyó casi por completo.
El 22° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de 76.754,82 UF a la parroquia La Asunción (cerca de 2.900 millones), saqueada en noviembre de 2019 y, finalmente, destruida por un incendio en octubre de 2020.
La magistrada Lorena Cajas Villarroel estableció en su fallo la falta de servicio del Estado, “al no adoptar medidas de prevención y protección de un templo patrimonial”, ubicado en las proximidades de la plaza Baquedano, epicentro de las protestas durante el estallido social.
En su resolución, el tribunal precisó que si bien testigos dan cuenta que Carabineros se desplegó para hacer frente a las manifestaciones, ninguno pudo presenciar el saqueo efectuado a la Parroquia La Asunción el 8 de noviembre de 2019, y el incendio, ocurrido casi un año después, el 18 de octubre de 2020.
“De esta forma, y sin desconocer, como ya se dijo, la intensidad de los desmanes, es claro que era justamente Carabineros de Chile quien debía proteger no solo la conservación de este inmueble, dado su carácter histórico y los valores culturales que representa, sino también la vida de quienes se encontraban en ese lugar y, si bien no hubo pérdidas humanas, no parece que se cumple con dicha finalidad”, detalló el fallo.
En esta línea, reconoció que el Gobierno decretó estado de emergencia, presentó querellas contra los involucrados en estos incidentes y dispuso de una amplia presencia policial, pero no fue suficiente para proteger a la iglesia, que tenía categoría de inmueble de conservación histórica.
“De esta forma, esta juez ha arribado a la convicción de que el actuar del Estado fue deficiente para dar protección a la Parroquia de La Asunción, y para adoptar las medidas necesarias tendientes a prevenir las circunstancias que dieron origen tanto al saqueo como al incendio de esta, y, en consecuencia, es posible afirmar que existió una falta de servicio del Estado en su labor de garante de la seguridad y el orden público”, aseveró el tribunal.