A las irregularidades en pagos a proveedores de la alimentación escolar, se suman demoras en el proceso de licitación de la beca BAES y un retraso en la entrega de material escolar. Ex directores plantean que es necesario un rol más activo del Mineduc en el control de la Junaeb.
Un complejo escenario vive la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Así lo ve su ex director Jaime Tohá, quien plantea que “es una institución muy importante para el país. Administra el 2,5% del presupuesto del Estado. Entonces, requiere de una administración muy eficaz y eficiente que cuide los recursos”.
Actualmente, la Contraloría General de la República (CGR) investiga presuntas irregularidades en los contratos de licitación de servicios de alimentación escolar (PAE), realizados en 2022. Esto, tras una denuncia realizada en julio de 2023 por el ex director Cristóbal Acevedo, quien apuntó que los pagos adicionales a proveedores llegarían hasta los $16 mil millones.
Según publica El Mercurio, el pasado 11 de abril, el ente contralor emitió un preinforme en que concluyó que existieron desembolsos “mayores” a los adecuados. Además, se llamó al organismo ―supervigilado por el Ministerio de Educación― a mejorar los mecanismos de control de los fondos públicos.
La CGR revisó los cambios a todos los contratos con proveedores que se realizaron durante agosto de 2022, y detectaron que existieron modificaciones en el “mecanismo de pago en la parte fija y variable mensual, periodicidad de reajuste de precios y mecanismo excepcional de estabilidad operacional”.
El órgano contralor cuestionó, además, que esos ajustes no pasaron por la toma de razón que correspondía, por lo que no se sometieron al test de legalidad de la CGR. También, comparó el impacto económico que tuvieron los cambios entre marzo y diciembre de 2022.
En ese sentido, se constató que la Junaeb cambió la ponderación de los componentes fijo y variable. Así, pasó de pagar en el componente fijo de un 40% a un 60%, y disminuir de un 60% a un 40% el componente variable. Esto significó un sobrepago mayor por $4.640 millones.
En conversación con EL DÍNAMO, Jaime Tohá ―quien lideró la institución entre 2017 y 2022― comenta que “los cargos que se reclaman son muy importantes. Por ejemplo, haber modificado todos los contratos de alimentación escolar, de millones y millones de dólares, sin el conocimiento y toma de razón de la Contraloría. Eso, por sí solo, ya es grave. Porque, de acuerdo a las sentencias de la Corte Suprema, esos contratos son inexistentes. Junaeb viene operando hace más de un año con contratos que no son válidos”.
“Pero no sólo cambiaron los contratos, sino que también modificaron los precios, sin avisarle a la Contraloría. Eso es gravísimo […]. Hay empresas que han salido muy beneficiadas. Son irregularidades muy graves […]. Me parece legítimo preguntarme por qué se hacen estos cambios y se gastan esta cantidad de recursos públicos en subir los precios que se pagan a algunas empresas”, reclama.
Los descargos de la Junaeb: “Desmentimos de manera tajante las cifras señaladas”
Desde la Junaeb, en tanto, desdramatizan la situación y descartan referirse al contenido del preinforme por su carácter de confidencial. Sin embargo, a través de una declaración pública, dan cuenta de que el documento “no emite juicios ni conclusiones respecto de nuestra gestión, sino observaciones que fueron contestadas en el mes de mayo”.
Fuentes ligadas a la institución descartan, a su vez, que el escrito aluda a sobrepagos por parte de la repartición pública y atribuyen la polémica a que el organismo está diseñando las bases de las próximas licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, punto de particular interés para las empresas y proveedores.
En el comunicado, la Junaeb señala que “en el marco de un ejercicio de transparencia institucional, Junaeb solicitó en junio de 2023 una auditoría a la Contraloría General de la República. Es importante señalar que, este proceso se encuentra en una etapa confidencial”.
A juicio del organismo, los montos cuestionados “corresponden a opiniones de ex directores de Junaeb […]. Desconocemos su fuente de información y método de cálculo”. Estos sobrepagos, a juicio de Cristóbal Acevedo, irían entre los US$12 mil y US$16 mil millones.
“Llaman profundamente la atención las cifras señaladas por dos exdirectores sobre una materia confidencial […]. Corresponden a opiniones carecen de sustento y generan confusión con fines que desconocemos. Desde Junaeb desmentimos de manera tajante las cifras señaladas”, sostiene el órgano.
La institución escolar plantea que están a la espera del informe final de la Contraloría. Mientras ―dice Junaeb―, “seguiremos actuando de forma colaborativa, resguardando siempre el buen uso de los recursos públicos”.
“Seguiremos trabajando apegados a los principios de probidad y transparencia”, cierra la declaración donde dan a conocer que están en plena etapa de diseño de las bases de licitación del Programa de Alimentación Escolar.
Además, el organismo niega haber pagado $3.500 millones por 30 raciones de alimentos en la región de O’Higgins.
La licitación desierta de la Beca de Alimentación de Educación Superior
Otro flanco abierto para la Junaeb es la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES). El beneficio, actualmente, no cuenta con un proveedor oficial, luego de que la Contraloría sentenciara —en mayo pasado— que la adjudicación inicial —a la empresa Edenred— “no se ajustaba a derecho”.
Esto, porque la “comisión de evaluación apreció de manera diferente los antecedentes presentados por quienes efectuaron ofertas en el respectivo proceso licitatorio, sin que consten las razones que justifiquen esa disparidad de criterios”.
La Junaeb respondió que el dictamen de la CGR ordenaba solamente devolver la adjudicación del contrato hasta la etapa administrativa de evaluación de antecedentes. Esto —explicaron— no implicaba invalidar la licitación. Sin embargo, el 10 de junio, la junta nacional declaró la invalidación del proceso, y la licitación quedó desierta. Tras ello, la entidad contrató, vía trato directo, a Edenred para garantizar el servicio que rige para más de 650 mil estudiantes y supera los $619 mil millones.
Durante el proceso, uno de los oferentes fue la empresa Pluxee Chile. Según su gerente general, Gonzalo Hernández, en la organización existe impaciencia “por conocer el resultado del proceso licitatorio. Nos encontramos absolutamente preparados y tenemos toda la capacidad para dar continuidad operativa al servicio a nivel nacional y de forma inmediata”.
En entrevista con BioBioChile, Hernández planteó que “vamos a agotar todas las instancias y vamos a buscar las responsabilidades penales y administrativas que existan. Nuestra posición es clara en esto. Nosotros esperamos resultados distintos que los de hoy día. Sostener un mismo resultado sobre el origen de cómo se generó nos parece que abre una puerta a una legítima defensa”.
“Uno se pregunta por qué está este interés porque una empresa gane todo. Por qué este interés de, nuevamente, ver cómo hacerle el quite a situaciones que la Contraloría ha señalado”, comenta Tohá.
La Junaeb sostiene que ha actuado “en estricta sujeción a la ley y a lo ordenado por el ente de Control, que entiende que cualquier proceso administrativo requiere actos posteriores, que no pueden impedir la interrupción del servicio. Cualquier especulación en contrario, evidencia un intento de deslegitimar un proceso transparente, legal, pero por, sobre todo, apegado a lo ordenado por Contraloría”.
Complementan que el proceso “se encuentra terminado y publicado, declarando inadmisibles las ofertas”. Además, agregan que “se hace indispensable mantener y contar con el operador de la beca, para garantizar la necesaria continuidad del servicio, en la distribución y forma en que se ejecuta en la actualidad”.
En ese sentido, explican que, de los tres proveedores que presentaron ofertas —Sodexo, Pluxee y Edenred—, cada uno tenía distintas condiciones. “Sodexo ha incumplido obligaciones contractuales que mantenía con la institución, por lo que se ha efectuado el cobro la boleta de garantía correspondiente. Pluxee, en tanto, es una empresa que no evidencia experiencia de ningún tipo con Junaeb”, aseveran.
Atrasos en la entrega de útiles escolares de la Junaeb
En conversación con EL DÍNAMO, el ex director de la Junaeb, Jaime Tohá, denuncia que hasta la fecha, la institución no ha entregado los útiles escolares a sus becarios. “Hubo problemas, se reclamó a la Contraloría y Junaeb tuvo que bajar la licitación. Antes de la pandemia, los útiles escolares se entregaban entre febrero y abril. Eran más de dos millones de sets“, reclama.
La ex autoridad sostiene que “hay una administración ineficiente, que trata de hacer licitaciones que Contraloría no le aprueba. El resultado es que, a esta fecha, todavía no se compran los útiles escolares y con suerte van a llegar a fin de año. Es gravísimo. Y me parece grave que esto se tape y no se dé ninguna explicación. Sobre todo, porque es un programa en que se invierten tantos recursos […]. Este tema ya no tiene solución, ya los útiles no se entregaron en marzo”.
A su juicio, es necesario preguntarse “dónde está el Ministerio de Educación con su rol jerárquico sobre Junaeb. Fui director cinco años, con cuatro ministros, y el control que se hacía con mi gestión era férreo, permanente, constante. Hubiese sido imposible pensar en algo de este tipo”.
“La solución a esto es que el ministro Nicolás Cataldo tome cartas en el asunto y corrija, de aquí para adelante, la forma en que Junaeb está funcionando […]. En este Gobierno se descabezó todo el equipo directivo de Junaeb, que tenía mucha experiencia. A todos los despidieron. Llegó gente sin experiencia, con mucha soberbia, que no quiso escuchar ni aprender nada de las personas que estaban antes, y aquí está el resultado”, cierra.
Este martes, a las 09:00 horas, los diputados de RN Diego Schalper y Hugo Rey concurrirán a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para tomar conocimiento de los avances en la investigación a la Junaeb tras la denuncia realizada por ellos el 17 de junio de 2023.